El sistema deportivo de España, al igual que otros países, aparte de un sector público y un sector empresarial del deporte, tiene un sector privado no lucrativo representado principalmente por los clubes y las federaciones deportivas, en lo que concierne al llamado Tercer Sector. Además, el hecho de que las CC.AA. tengan atribuida la competencia exclusiva en materia deportiva para su ámbito territorial, ha generado la existencia de federaciones territoriales sujetas a la ordenación jurídica del deporte autonómico.

Las federaciones responden a una organización piramidal que se integran en las correspondientes federaciones internacionales, que forman parte del Comité Olímpico Internacional. De la misma forma, las federaciones españolas se integran en el Comité Olímpico Español o, en su caso, en el Comité Paralímpico Español. Este movimiento deportivo originado a finales del siglo XIX se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, constituyendo uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia, con un gran impacto político, social, económico y mediático.

Dicho esto, las federaciones deportivas en España, aun siendo entidades privadas, se encuentran sometidas a un intervencionismo, al ser considerada la competición oficial como una función pública delegada en dichas federaciones. Esto supone que la disciplina deportiva, la garantía electoral, la expedición de las licencias y demás tareas, sean funciones públicas delegadas que dificultan el normal desarrollo de la competición. Por no hablar de los conflictos que surgen en la organización de la competición que, en última instancia, deben resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es preciso rebajar el nivel del intervencionismo, y que solo sea considerada como función pública, la convocatoria y preparación de las selecciones nacionales y el desarrollo del deporte de alto nivel, que son de interés del Estado.

El Consejo Superior de Deportes, que ejerce las competencias en materia deportiva en el ámbito estatal, y el Comité Olímpico Español, que integra a las federaciones españolas y ostenta la representación deportiva de España ante el Movimiento Olímpico, no siempre han tenido una estrecha y cordial relación de colaboración. Alguien podrá achacarlo a personalismos de los responsables de ambos organismos, aunque posiblemente se deba al intervencionismo que el CSD ejerce sobre las federaciones españolas, al mismo tiempo que limita y vacía de funciones al COE y al CPE.

El COE deberá asumir una mayor competencia sobre la tutela, coordinación y control de las federaciones, especialmente sobre las olímpicas, en cuanto al desarrollo del deporte de alto nivel y la representación del deporte español en el ámbito internacional. Lo mismo se puede manifestar respecto al Comité Paralímpico Español que, con la inclusión de los deportistas con discapacidad en las federaciones ordinarias, de manera progresiva se irán integrando en el COE.

En el futuro inmediato, las funciones del CSD y COE deberán ordenarse en un marco menos intervencionista, con unas funciones del COE más amplias respecto a las federaciones deportivas españolas y el desarrollo del deporte de alto nivel. De la misma manera que se han delegado funciones públicas en las federaciones deportivas españolas, se deben valorar aquellas funciones que, actualmente, asume el CSD y que debe delegar en el COE.

Mª José Rienda y Alejandro Blanco (derecha), presidentes del CSD y el COE, respectivamente

Las federaciones deportivas españolas iniciaron en 1984 su reforma democrática, mediante un decreto conocido como “Decreto-Antiporta”. Con la ley del deporte de 1990, se aprobó un decreto de desarrollo en 1991, haciendo posible que los distintos estamentos deportivos (clubes, deportistas, técnicos, árbitros, etc.) tuvieran representación en su órgano soberano que es la asamblea general. Pero, en la sociedad actual del siglo XXI, las federaciones deben progresar en su democratización, afrontar el proceso de transformación digital, asegurar una buena gobernanza y transparencia de la gestión federativa y acoger al deporte social y ciudadano en su seno. Para el desarrollo efectivo de estas tareas, se requiere que el CSD y el COE vayan de la mano, con menos intervencionismo público y más funciones delegadas en el COE, lo que se deberá concretar en la próxima ley deportiva de ámbito estatal.