He asistido recientemente a la celebración del aniversario de creación de dos empresas gallegas de servicios deportivos, GAIA y SERVIOCIO, que conmemoraron 20 y 25 años de funcionamiento, respectivamente. Y asistí, porque me invitaron sus promotores que fueron alumnos míos en el INEF-Galicia (actualmente, Facultad de Ciencias del Deporte y la EF), sobre todo porque tengo una excelente relación personal con ellos. Ni qué decir tiene respecto al éxito de estos emprendedores que poco tenemos que ver sus profesores del INEF, al menos eso creo yo.

Dicho esto, lo que resulta innegable es que aquellas personas que lideraron la gestión deportiva municipal en los inicios de la democracia española, fueron quienes crearon las condiciones que hicieron necesaria la constitución de empresas para gestionar, mediante las distintas formas que contempla la legislación de contratación pública, las instalaciones deportivas y los programas de actividades de interés municipal que se pusieron en marcha en la década de los 80.

Esta etapa que se desarrolló durante más de 20 años, propició a su vez, el incremento significativo de la práctica deportiva en la población española y en los primeros años del siglo XXI, nuevas demandas y tendencias de actividad física y deportiva, generando un mercado de negocio. Las empresas tuvieron que ir más allá de la concesión, y aún gestionando instalaciones públicas, comprendieron que había que emprender una prestación de servicios deportivos mediante la construcción y puesta en marcha de instalaciones deportivas privadas para ofertar nuevos productos deportivos.

Como bien sabemos, la estructura del sistema deportivo no es una foto fija y, al igual que evoluciona el asociacionismo deportivo o el sector deportivo público, también lo hace el sector privado empresarial del deporte. Estamos en un período de crecimiento y expansión de una nueva concepción de empresas de servicios deportivos que deben prepararse para atender las grandes demandas ciudadanas para un deporte saludable. Lo mismo que hicieron en la década de los 60, los “gimnasios” creados por empresarios audaces que se extendieron por ciudades y pueblos, conformando una vía ciudadana de acceso a la práctica deportiva cuando apenas existían instalaciones deportivas públicas o, al menos, eran pocas para atender a toda la ciudadanía.

En este sentido, quiero hacer una reflexión final. Nos dedicamos a prestar servicios deportivos a personas, no a fabricar tornillos o cualquier otro producto material. Y esta prestación es realizada por profesionales que requieren una cierta cualificación y que aportan un valor singular al desempeño servicial, garantizando la calidad de las actividades. Si esto es así que lo es, no pueden recibir un salario que no está en correspondencia con su formación, ni con su desempeño profesional. Sé que no depende sólo de las empresas, y que son las administraciones públicas las principales responsables que, con sus decisiones, no garantizan un servicio de calidad. Ha llegado el momento de poner el empeño necesario para que se promueva un escenario distinto, si verdaderamente se pretende una oferta deportiva ciudadana de carácter educativo, saludable y sostenible.