Vivimos un tiempo de importantes transformaciones, también en la gestión deportiva, en el que muchos de los principios y realidades que entendíamos inamovibles se han perturbado por efecto de la pasada crisis económica, tal vez para siempre; por eso, es fundamental que los gestores españoles abramos un debate para buscar entre todos y todas nuevas coordenadas que permitan orientar a: las administraciones públicas, al tercer sector del deporte y a las empresas deportivas. Sirva este artículo para contribuir a esta propuesta de debate.

España cuenta en estos momentos con un ordenamiento jurídico deportivo obsoleto en muchos aspectos, especialmente en lo que se refiere a una Ley del Deporte que se ha visto superada por este cambio de época y por las importantes trasformaciones sociales que han afectado de manera singular al Deporte. Casi tres décadas es demasiado tiempo para una norma que tiene que servir de referencia a un Sistema deportivo tan complejo y dinámico como el español.

Aunque pueda perecer secundario, es también muy importante el reconocimiento que del Deporte se haga en otras leyes de carácter social que sin ser especificas del deporte asuman el importante papel que la actividad física puede desempeñar en lo que se refiere a: la salud pública, la atención y protección a las personas mayores, los derechos y la atención al menor o la atención a las personas con capacidades diferentes.

La lucha contra la obesidad y el sedentarismo entre la población es otra de las políticas públicas que hay que impulsar decididamente en el futuro inmediato; en especial, la población escolar es cada día más obesa y solo con el incremento de la práctica deportiva se pueden alcanzar éxitos significativos. Los últimos datos sobre la actividad física de los españoles son peores que las series demoscópicas anteriores; por ello, es necesario volver a poner en marcha estrategias nacionales para “activar” a la población.

No se puede hablar del futuro del deporte español sin apelar a la implementación de políticas que hagan efectiva la igualdad de acceso de todas las niñas y mujeres a la práctica deportiva. Se ha avanzado mucho en los primeros años de este siglo, pero es necesario poner en marcha programas de estímulo para aumentar la incorporación de la mujer en las primeras etapas educativas. Así mismo, hay que aplicar una perspectiva transversal para romper las barreras de acceso al Deporte de la mujer.

Se ha debilitado el liderazgo de los ayuntamientos entre las administraciones púbicas del Deporte, por distintas razones: la crítica reducción de los presupuestos municipales, el debilitamiento de las estructuras técnicas locales, la reducción de las inversiones en instalaciones y equipamientos deportivo, etc., como consecuencia de todo esto se ha producido una desorientación sobre el papel competencial y las responsabilidades que tienen que ejercer las corporaciones locales en relación con la prestación de los servicios deportivos. Las comunidades autónomas, con algunos incentivos desde el Gobierno de España, tienen que volver a situar a los municipios en el centro de nuestro modelo deportivo.

La promoción de la salud a través del Deporte es ya un paradigma indiscutible, las demandas de la sociedad están elevando progresivamente el papel del Deporte a la categoría de servicio público básico y ello obliga a una coordinación con las otras áreas municipales y autonómicas que prestan esos servicios básicos. Las iniciativas que están surgiendo, en el marco de los planes locales de salud o las promovidas directamente por algunos ayuntamientos, ya empiezan a marcar el camino que tendrán que seguir los servicios municipales de deporte atendiendo a las personas a las que se les la prescribe actividad física por parte de los médicos del Sistema nacional de salud.

Esa prevalencia, en la motivación deportiva, de la salud y el bienestar personal obliga también a rediseñar la oferta de actividades e incluso a revisar el tipo de espacios deportivos que la administración tiene que poner a disposición de los ciudadanos. Los planes locales de instalaciones deportivas, deben de recoger la construcción y rehabilitación de esos nuevos espacios revisando las tipologías de instalaciones “convencionales”. El Consejo Superior de Deportes debe de promover estos nuevos conceptos constructivos como en su día se hizo con las Normas NIDE.

El Deporte federado no puede permanecer ajeno a las nuevas formas de hacer deporte y debe de establecer un marco de relación con sus deportistas, transformando el valor de la licencia deportiva y articulando otras prestaciones vinculadas a ella; además, tendrá que ser capaz de generar más recursos propios adoptando nuevos roles en la gestión de los servicios deportivos, especialmente en aquellos en los que su papel pueda optimizar el gasto público.

Los clubes y asociaciones deportivas también tienen que asumir nuevos retos, entre ellos el de adoptar un perfil de cualificación y capacitación de sus estructuras organizativas para saber gerenciar con más eficacia sus recursos, hay un espacio importante en: la organización de eventos, la gestión de determinadas tipologías de instalaciones, la organización de las estructuras de voluntariado deportivo local, etc. Siempre fijando adecuadamente los límites entre las entidades sin ánimo de lucro y el sector mercantil del Deporte.

Por último, las empresas españolas del Deporte precisan de un liderazgo patronal claro que defina junto con la Administración unas normas de competencia que mejoren los procesos de contratación pública, impulsando una optimización de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en lo referido a la puesta en valor de las buenas prácticas que demanda el sector. Es necesario revisar determinados aspectos de las licitaciones públicas que a menudo acarrean perjuicios a las empresas y finalmente también a la Administración: pliegos de condiciones que no tienen en cuenta las retribuciones mínimas fijadas en los convenios, un criterio excluyente para las ofertas desproporcionadas, procesos de subrogación de trabajadores imposibles de cumplir, etc. Así mismo, es fundamental la unión y coordinación en el sector, para actuar de forma contundente en los planteamientos con la administración: IVA, IBI, deducciones fiscales, planes locales de instalaciones, etc.